El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó hoy -viernes- que envió a la Gobernadora, al Departamento de Justicia, al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), al Buró Federal de Investigaciones y a otras entidades, las declaraciones juradas que imputan delitos y violaciones éticas al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, y a otros funcionarios.
“Hoy envié copia de las declaraciones juradas y documentos imputando delitos y violaciones éticas al Secretario de la Gobernación y otros, que prestaron el Lcdo. Sebastián Negrón Reichard y el Lcdo. Ernesto J. Zayas”, expresó Rivera Schatz en sus redes sociales.
El líder senatorial indicó que los documentos fueron enviados a la gobernadora de Puerto Rico, al presidente de la Cámara, a la secretaria de Justicia, al PFEI, a la Oficina del Inspector General, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), al Departamento de Hacienda, al Buró Federal de Investigaciones y al inspector general de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
“A todos ellos para su conocimiento y la acción que estimen pertinente. El Senado continúa con la investigación sobre el asunto”, sostuvo Rivera Schatz.
Las declaraciones juradas fueron sometidas al Senado por el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, y el exdirector de la Oficina de Incentivos, Ernesto Zayas García, como parte de la investigación ordenada por la Resolución del Senado 548.
Los documentos incluyen señalamientos sobre presuntas presiones indebidas, obstrucción de una evaluación interna, represalias contra denunciantes y gestiones vinculadas a Politank y al proyecto Opus Miramar.
Domenech Fernández rechazó las alegaciones y planteó que el asunto debe atenderse en los procesos investigativos establecidos ante el PFEI.
“Rechazo de plano todas y cada una de las alegaciones presentadas anoche por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard y Ernesto Zayas, exdirector de la oficina de incentivos del DDEC, por estar plagadas de mentiras, medias verdades, documentos acomodaticios, caracterizaciones subjetivas y tergiversaciones”, expresó Domenech Fernández en declaraciones escritas.
Sobre el valor de los documentos presentados al Senado, el secretario de la Gobernación dijo que las conclusiones deben pasar por un proceso de evaluación formal.
“Estos, presentan conclusiones que deberán ser evaluadas a la luz de la evidencia y del debido proceso de ley”, indicó.
Domenech Fernández atribuyó los señalamientos a una reacción de Negrón Reichard luego de documentos que el secretario dijo haber radicado en junio.
“Estas alegaciones falsas, que básicamente son lo mismo que habían presentado Negrón Reichard y Zayas en sus cartas no juramentadas, responden a un acto de desesperación por el exsecretario del DDEC, sin fundamentos legales ni elementos creíbles, carentes de evidencia objetiva, que no sea la propia que ellos han creado”, sostuvo.
El funcionario hizo referencia a dos declaraciones juradas suyas.
“Esto, luego de que el pasado 17 y 22 de junio este servidor radicara dos declaraciones juradas, totalmente fundamentadas con hechos objetivos constatables por un voluminoso archivo de evidencia documental producidas por otras entidades gubernamentales”, expresó.
En su reacción, Domenech Fernández apuntó al PFEI como foro para evaluar las alegaciones, en contraste con la investigación que mantiene el Senado sobre el asunto. “Reitero que existen procesos investigativos establecidos por el PFEI bajo nuestro ordenamiento jurídico y será dicho foro el llamado a evaluar cualquier alegación con la seriedad, la evidencia y la objetividad que amerita”, indicó.
El secretario de la Gobernación anticipó que el resultado del proceso favorecerá sus planteamientos contra Negrón Reichard. “Cuando concluya este proceso quedará meridianamente claro que el exfuncionario del DDEC claramente cometió actos contrarios a la ley y la ética”, dijo.
“Durante todo momento he actuado conforme a mi deber como secretario de la Gobernación: velar por el cumplimiento de la ley, proteger la integridad de las instituciones públicas, asegurarme que se implementen las instrucciones sobre la política pública de la gobernadora, salvaguardar el debido proceso de ley que le asiste a todos los servidores públicos y asegurar que las determinaciones del Gobierno se tomen dentro del marco legal, reglamentario y ético aplicable”, sostuvo.
El funcionario dijo que no hará expresiones adicionales por el momento.
“Confío plenamente en que los hechos serán evaluados por las autoridades competentes y que, una vez ese proceso concluya, prevalecerá la verdad objetiva”, expresó.
Por su parte, el comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, reclamó a la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón remover a Domenech Fernández de La Fortaleza. “Por el bien de Puerto Rico, urge que la gobernadora despida a Francisco Domenech y su claque”, expresó Hernández Rivera en declaraciones escritas.
El comisionado residente sostuvo que la controversia afecta la imagen de Puerto Rico en Washington y podría incidir en gestiones federales. “Las alegaciones de corrupción —creíbles y constantes— laceran la reputación de Puerto Rico en Washington y ponen en peligro fondos federales, como los del Plan Vital que vencen en 2027”, indicó.
Hernández Rivera cuestionó la permanencia de Domenech Fernández en el cargo. “La resistencia a hacer cambios obliga a preguntarse: ¿qué encubre, y a quiénes protege, La Fortaleza?”, sostuvo.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó hoy -viernes- que envió a la Gobernadora, al Departamento de Justicia, al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), al Buró Federal de Investigaciones y a otras entidades, las declaraciones juradas que imputan delitos y violaciones éticas al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, y a
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó hoy -viernes- que envió a la Gobernadora, al Departamento de Justicia, al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), al Buró Federal de Investigaciones y a otras entidades, las declaraciones juradas que imputan delitos y violaciones éticas al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, y a otros funcionarios.
“Hoy envié copia de las declaraciones juradas y documentos imputando delitos y violaciones éticas al Secretario de la Gobernación y otros, que prestaron el Lcdo. Sebastián Negrón Reichard y el Lcdo. Ernesto J. Zayas”, expresó Rivera Schatz en sus redes sociales.
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El líder senatorial indicó que los documentos fueron enviados a la gobernadora de Puerto Rico, al presidente de la Cámara, a la secretaria de Justicia, al PFEI, a la Oficina del Inspector General, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), al Departamento de Hacienda, al Buró Federal de Investigaciones y al inspector general de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
“A todos ellos para su conocimiento y la acción que estimen pertinente. El Senado continúa con la investigación sobre el asunto”, sostuvo Rivera Schatz.
Las declaraciones juradas fueron sometidas al Senado por el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, y el exdirector de la Oficina de Incentivos, Ernesto Zayas García, como parte de la investigación ordenada por la Resolución del Senado 548.
Los documentos incluyen señalamientos sobre presuntas presiones indebidas, obstrucción de una evaluación interna, represalias contra denunciantes y gestiones vinculadas a Politank y al proyecto Opus Miramar.
Domenech Fernández rechazó las alegaciones y planteó que el asunto debe atenderse en los procesos investigativos establecidos ante el PFEI.
“Rechazo de plano todas y cada una de las alegaciones presentadas anoche por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard y Ernesto Zayas, exdirector de la oficina de incentivos del DDEC, por estar plagadas de mentiras, medias verdades, documentos acomodaticios, caracterizaciones subjetivas y tergiversaciones”, expresó Domenech Fernández en declaraciones escritas.
Sobre el valor de los documentos presentados al Senado, el secretario de la Gobernación dijo que las conclusiones deben pasar por un proceso de evaluación formal.
“Estos, presentan conclusiones que deberán ser evaluadas a la luz de la evidencia y del debido proceso de ley”, indicó.
Domenech Fernández atribuyó los señalamientos a una reacción de Negrón Reichard luego de documentos que el secretario dijo haber radicado en junio.
“Estas alegaciones falsas, que básicamente son lo mismo que habían presentado Negrón Reichard y Zayas en sus cartas no juramentadas, responden a un acto de desesperación por el exsecretario del DDEC, sin fundamentos legales ni elementos creíbles, carentes de evidencia objetiva, que no sea la propia que ellos han creado”, sostuvo.
El funcionario hizo referencia a dos declaraciones juradas suyas.
“Esto, luego de que el pasado 17 y 22 de junio este servidor radicara dos declaraciones juradas, totalmente fundamentadas con hechos objetivos constatables por un voluminoso archivo de evidencia documental producidas por otras entidades gubernamentales”, expresó.
En su reacción, Domenech Fernández apuntó al PFEI como foro para evaluar las alegaciones, en contraste con la investigación que mantiene el Senado sobre el asunto. “Reitero que existen procesos investigativos establecidos por el PFEI bajo nuestro ordenamiento jurídico y será dicho foro el llamado a evaluar cualquier alegación con la seriedad, la evidencia y la objetividad que amerita”, indicó.
El secretario de la Gobernación anticipó que el resultado del proceso favorecerá sus planteamientos contra Negrón Reichard. “Cuando concluya este proceso quedará meridianamente claro que el exfuncionario del DDEC claramente cometió actos contrarios a la ley y la ética”, dijo.
“Durante todo momento he actuado conforme a mi deber como secretario de la Gobernación: velar por el cumplimiento de la ley, proteger la integridad de las instituciones públicas, asegurarme que se implementen las instrucciones sobre la política pública de la gobernadora, salvaguardar el debido proceso de ley que le asiste a todos los servidores públicos y asegurar que las determinaciones del Gobierno se tomen dentro del marco legal, reglamentario y ético aplicable”, sostuvo.
El funcionario dijo que no hará expresiones adicionales por el momento.
“Confío plenamente en que los hechos serán evaluados por las autoridades competentes y que, una vez ese proceso concluya, prevalecerá la verdad objetiva”, expresó.
Por su parte, el comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, reclamó a la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón remover a Domenech Fernández de La Fortaleza. “Por el bien de Puerto Rico, urge que la gobernadora despida a Francisco Domenech y su claque”, expresó Hernández Rivera en declaraciones escritas.
El comisionado residente sostuvo que la controversia afecta la imagen de Puerto Rico en Washington y podría incidir en gestiones federales. “Las alegaciones de corrupción —creíbles y constantes— laceran la reputación de Puerto Rico en Washington y ponen en peligro fondos federales, como los del Plan Vital que vencen en 2027”, indicó.
Hernández Rivera cuestionó la permanencia de Domenech Fernández en el cargo. “La resistencia a hacer cambios obliga a preguntarse: ¿qué encubre, y a quiénes protege, La Fortaleza?”, sostuvo.
Gobierno – ES NOTICIA PR
