El Comité de Asuntos Judiciales del Senado ha despejado este martes el camino para que Todd Blanche, hasta ahora fiscal general interino de Estados Unidos, sea ratificado en el puesto de forma definitiva. Los miembros han votado a favor, con 12 votos frente a 10, lo que en la práctica permite anticipar que el pleno no podrá obstáculos.
Todd Blanche recibe el visto bueno del Comité de Asuntos Judiciales después de poner por escrito que renuncia al fondeo de 1.800 millones para «compensar» a los aliados del presidente
El Comité de Asuntos Judiciales del Senado ha despejado este martes el camino para que Todd Blanche, hasta ahora fiscal general interino de Estados Unidos, sea ratificado en el puesto de forma definitiva. Los miembros han votado a favor, con 12 votos frente a 10, lo que en la práctica permite anticipar que el pleno no podrá obstáculos.
El proceso de confirmación de Blanche, que desde enero de 2025 había sido el número dos del Departamento de Justicia, y que ascendió tras el cese de su jefa, Pam Bondi, se ha convertido en un nuevo pulso interno dentro del Partido Republicano, una batalla de desgaste entre la Casa Blanca y varios senadores conservadores que decidieron utilizar la nominación como palanca para frenar una de las propuestas más extravagantes y escandalosas de Donald Trump desde su regreso al poder. Pero el caso también es símbolo de todas las deficiencias del sistema, de la debilidad de un partido incapaz de hacer frente de verdad a su líder y que tiene que conformarse con pequeños gestos, así como de una oposición que apenas logra nada fuera de los tribunales.
Blanche, abogado de larga trayectoria y figura estrechamente vinculada al presidente, al que representó en sus causas penales, nunca fue un candidato cómodo para parte del Senado republicano. Su cercanía y entrega a Trump, su papel en la defensa de algunos de los casos más sensibles que el presidente denuncia como persecuciones políticas y, sobre todo, la percepción de que él está dispuesto a empujar al Departamento de Justicia incluso donde su predecesora no se atrevió convertían su ratificación, a pocos meses de las elecciones, en algo crítico.
El conflicto se concentró en las últimas semanas en una de las decisiones más provocadoras de la Casa Blanca, el lanzamiento impulsado por el propio Blanche de un fondo de compensación de 1.800 millones de dólares para indemnizar a quienes la Administración considera víctimas de los llamados «juicios políticos», una categoría en la que entrarían numerosos aliados y colaboradores de Donald Trump, procesados o investigados en los últimos años, incluidos quienes asaltaron el Capitolio. El fondo fue parado por los tribunales y, al final, la Administración pareció renunciar a él, pero sólo de forma temporal.
La propuesta, recibida con incredulidad incluso entre los republicanos, habitualmente disciplinados, se convirtió en algo parecido a una línea roja para algunos senadores, asqueados con la posibilidad de utilizar dinero público para esos fines. Durante semanas, la nominación de Blanche quedó bloqueada en ese enfrentamiento. La Casa Blanca necesitaba cerrar cuanto antes el ascenso del máximo responsable del Departamento de Justicia, mientras que los senadores aprovecharon que tenían en sus manos un instrumento de presión al que pocas veces pueden recurrir sin represalias severas. El mensaje de los escépticos fue aparentemente claro: sin garantías sobre el abandono del fondo de compensación, no habría votos suficientes para asegurar una confirmación sin sobresaltos.
Y así ha sido. Más o menos. Los protagonistas de ese desafío fueron, sobre todo, los senadores John Cornyn y Thom Tillis. Ambos evitaron romper públicamente con el presidente, e incluso criticarlo, pero dejaron claro que Blanche no tendría su apoyo (imprescindible, porque los conservadores tienen mayoría muy ajustada en el Senado, agravada por el hecho de que uno de los más veteranos está en el hospital y no puede votar). La negociación fue intensa y se prolongó hasta las últimas horas del fin de semana. Al final, Cornyn y Tillis confirmaron que votarían a favor de la nominación después de que el futuro fiscal general se comprometiera por escrito a renunciar al controvertido fondo de 1.800 millones de dólares. Un motivo de celebración para ellos, pero de enorme preocupación para la oposición, ya que no sólo queda sin resolver esa cuestión, sino que permanece otra igual de importante: una posible amnistía fiscal para Trump y su familia.
«Desde el principio, el senador Cornyn y yo fuimos claros en que necesitábamos un documento escrito que abordara nuestras preocupaciones sobre el acuerdo de auditoría del IRS y el Fondo contra la Instrumentalización, que incluyera limitar el alcance de la protección de auditoría a las partes del Acuerdo de Liquidación y pusiera fin legalmente al fondo. Nos complace que el Departamento de Justicia haya emitido una orden formal que termina con él. Además, el Departamento ha reconocido en una orden escrita vinculante que el acuerdo de auditoría se limita a los demandantes y que su alcance no se extiende más allá de los demandados en la demanda, el IRS y el Tesoro, abordando preocupaciones que comparten varios de nuestros colegas republicanos», ha festejado Tillis.
Sus rivales discrepan completamente, señalando que un papel firmado por Blanche sirve de poco, pues quien toma las decisiones es Trump. Y porque el acuerdo no suspende esa auditoría a la que se refiere Tillis, y que consideran esencial. El fondo de 1.800 millones fue presentado por el Departamento de Justicia como un acuerdo con Trump y su familia. El presidente había denunciado a la Agencia Tributaria (IRS) por la filtración hace años de sus declaraciones de Hacienda (un caso cerrado penalmente por el que el culpable cumple ahora pena de cárcel) y pedía una fortuna. Justicia llegó a un acuerdo para que Trump retirara la demanda y renunciara a una indemnización para él, pero a cambio de dos cosas. Esos 1.800 millones para compensar a sus aliados y la promesa de que la Agencia Tributaria cerraría para siempre las investigaciones sobre sus finanzas, lo que, según algunos cálculos, podría suponerle tener que pagar hasta 100 millones de dólares por irregularidades.
«Para ser claros: los republicanos del Senado están cediendo en un acuerdo que otorga a Donald Trump y su familia inmunidad frente a auditorías fiscales potencialmente por valor de 100 millones de dólares», ha denunciado la demócrata Elizabeth Warren. «Todd Blanche sabe que este documento es inaplicable y ni siquiera vale el papel en el que está impreso. ¡No significa nada! Trump ni siquiera lo firmó y no está obligado por él», coincide el senador Cory Booker. «Increíble. Los republicanos del Senado están a punto de confirmar a Todd Blanche, el ex abogado personal de Trump, como fiscal general, incluso después de que él les dijera que el acuerdo que el Departamento de Justicia firmó otorgando a Trump y a sus empresas una amplia inmunidad por delitos aún sigue en pie. Trump se enfrenta a una auditoría del IRS que podría costarle hasta 100 millones. Los senadores republicanos se aseguran de que se salga con la suya sin pagarlo», añadió el congresista James E. Clyburn.
La paradoja es evidente y en Washington nadie la ignora. Blanche puede prometer que no impulsará ese mecanismo de compensación desde el Departamento de Justicia, pero la decisión real no depende exclusivamente de él. El fondo es una iniciativa política de la Casa Blanca, vinculada directamente a Donald Trump, y cualquier renuncia efectiva requeriría que el presidente abandonara una propuesta que ha defendido públicamente. «Veo ese fondo como algo positivo, y muchos republicanos también lo hacen (…) No lo revisé, no sé qué acordaron», dijo el lunes Trump sobre la negociación entre sus senadores y su aspirante a fiscal.
Trump no tolera la falta de lealtad, entendida como la obediencia absoluta a sus órdenes, ni tampoco digiere las derrotas. Cesó a Pam Bondi gritando a los cuatro vientos que ella no estaba siendo lo suficientemente contundente contra sus enemigos políticos y por su gestión del caso Epstein. Además, varios medios han publicado que estaba barajando incluso cesar a la fiscal de Washington, una ex presentadora de la Fox nombrada hace unos meses para cubrir una vacante delicada, después de que Jeanine Pirro aceptara retira los cargos contra un ex deportista olímpico al que Trump y los suyos querían llevar a prisión por presuntamente sabotear el estanque frente a la Estatua de Lincoln. Pirro presentó un caso, pero tuvo que admitir que no tenía pruebas, algo de lo que el presidente se ha burlado públicamente.
«El Departamento de Justicia ha prosperado bajo el liderazgo de Blanche», ha asegurado hoy Chuck Gassley, de 92 años y con casi 50 de legado en la Cámara Alta, el político más veterano, el que menos tiene que temer, y aún así fiel al presidente. Muy distinta es la opinión de Dani Bensky, una de las víctimas de Epstein, que se reunió recientemente con Blanche y sostiene que su confirmación tendrá «un efecto disuasorio enorme sobre las supervivientes de abusos sexuales en todo Estados Unidos».
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