<p>La reciente aprobación de <a href=»https://www.elmundo.es/internacional/2026/02/20/6997aaa8e85ecea7248b45a8.html»>una Ley de Amnistía en Venezuela</a> ha sido presentada como el inicio de una nueva etapa política. Y es justo reconocer algo esencial: <strong>cada preso político que recupere su libertad es una noticia positiva</strong>. Cada familia que deja atrás la angustia de una cárcel injusta representa un alivio real. Toda liberación debe celebrarse.</p>
La reciente aprobación de una Ley de Amnistía en Venezuela ha sido presentada como el
La reciente aprobación de una Ley de Amnistía en Venezuela ha sido presentada como el inicio de una nueva etapa política. Y es justo reconocer algo esencial: cada preso político que recupere su libertad es una noticia positiva. Cada familia que deja atrás la angustia de una cárcel injusta representa un alivio real. Toda liberación debe celebrarse.
Las recientes excarcelaciones son un avance para el país y una reparación necesaria para quienes no debieron pasar un solo día privados de libertad.
Durante años se consolidó en Venezuela un sistema de represión estructural. No fueron hechos aislados, sino un modelo sostenido que utilizó leyes ambiguas, procesos judiciales arbitrarios e inhabilitaciones políticas para castigar la disidencia. Yo mismo pasé siete años preso, y fui sentenciado a 14 años sin debido proceso, en un juicio cerrado sin testigos ni pruebas.
Este proceso podría convertirse en una oportunidad para fortalecer la convivencia democrática, con la verdad por delante y con garantías reales de no repetición, igualdad ante la ley y pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Sin embargo, este instrumento legal excluye casos relevantes de nuestra historia política reciente, afectando a civiles y especialmente a militares que también deben ser incluidos. Existe la oportunidad de corregir esas exclusiones mediante los mecanismos disponibles.
Ahora, el desafío de fondo, es mayor: es desmontar el aparato represivo tanto en su dimensión legal como operativa. Y eso no está planteado en esta ley. El marco jurídico que permitió la persecución permanece vigente y las instituciones que la ejecutaron conservan intacta su capacidad de actuación. La represión puede detenerse momentáneamente, pero no ha sido desactivada.
A ello se suma el alto nivel de discrecionalidad que mantiene la norma. Su aplicación queda en manos de los mismos actores que durante años ejecutaron la represión estructural y masiva. No existen mecanismos independientes que garanticen universalidad, transparencia y cumplimiento efectivo. Esto abre la puerta a decisiones selectivas, no a una aplicación basada en principios generales de justicia.
Sin garantías de no repetición, no hay reconciliación posible.
La transición hacia la democracia exige algo más que gestos aislados. Exige que en el horizonte se dibuje con claridad el momento en que todos los venezolanos puedan expresar su voluntad en unas elecciones generales libres y verificables. Esa será la verdadera reconciliación democrática: la participación plena y la voz de todos.
Para que ese horizonte sea creíble, deben darse pasos concretos:
Primero, la liberación plena de todos los presos políticos.
Segundo, el desmontaje del Estado represor en su estructura legal y operativa.
Tercero, el retorno seguro de todos los exiliados.
Cuarto, la apertura real del espacio cívico y político.
Quinto, el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral independiente y un cronograma claro hacia elecciones generales.
Ese es el camino que puede devolver confianza al país y a la comunidad internacional.
Venezuela necesita reconciliación, sí. Pero no una reconciliación basada en la discrecionalidad ni en la permanencia intacta de las estructuras que produjeron la persecución.
La libertad de algunos es un avance.
La transformación del sistema y la convocatoria a elecciones generales serán la verdadera prueba de que Venezuela avanza hacia la democracia.
* Leopoldo López es un dirigente opositor venezolano y ex preso político. Lidera el World Liberty Congress.
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