En cualquier democracia occidental, la noticia apenas habría merecido unas líneas en la prensa local: una alcaldesa comunica que se tomará una baja por maternidad para dar a luz a su primer hijo. Pero cuando Shoko Kawata anunció su decisión, la noticia saltó a las portadas nacionales y desencadenó una discusión que va mucho más allá de su caso personal: la dificultad de conciliar poder y maternidad en una sociedad muy conservadora donde ambos conceptos siguen considerándose incompatibles.
Shoko Kawata es la primera dirigente municipal en ejercicio que deja temporalmente el cargo para tener un hijo en un país que aún cuestiona la compatibilidad entre maternidad y liderazgo
En cualquier democracia occidental, la noticia apenas habría merecido unas líneas en la prensa local: una alcaldesa comunica que se tomará una baja por maternidad para dar a luz a su primer hijo. Pero cuando Shoko Kawata anunció su decisión, la noticia saltó a las portadas nacionales y desencadenó una discusión que va mucho más allá de su caso personal: la dificultad de conciliar poder y maternidad en una sociedad muy conservadora donde ambos conceptos siguen considerándose incompatibles.
Desde mayo, la decisión de Kawata, alcaldesa de la ciudad de Yawata, en la prefectura de Kioto, de ausentarse temporalmente de su cargo para tener un bebé ha desencadenado un debate nacional. Lo que está en discusión en 2026 es la capacidad de una sociedad envejecida, obsesionada con el trabajo y todavía profundamente marcada por roles tradicionales de género, para aceptar que una mujer pueda ejercer el liderazgo político sin renunciar a la maternidad.
A sus 35 años, Kawata ya había roto varios moldes antes de quedarse embarazada. En 2023 se convirtió en la alcaldesa más joven del país. Economista y antigua trabajadora social, hizo campaña prometiendo mejorar las políticas de apoyo a las familias y combatir la despoblación que afecta a Yawata, cuya población ha disminuido de forma constante durante las últimas dos décadas.
Ahora, sin proponérselo, se ha convertido en el rostro de otra batalla. La alcaldesa anunció que tomará 16 semanas de descanso, ocho antes y ocho después del parto, siguiendo el esquema habitual que se aplica a las trabajadoras japonesas.
El problema es que, jurídicamente, ella no es una trabajadora más. Los alcaldes y otros cargos electos quedan fuera de la legislación laboral. No existe en Japón un marco legal específico que contemple la baja por maternidad para quienes ocupan cargos públicos elegidos en las urnas.
Eso ha obligado al Ayuntamiento de Yawata a improvisar una solución administrativa inédita. Durante su ausencia, una vicealcaldesa asumirá las funciones ejecutivas. Mientras, Kawata seguirá recibiendo información sobre asuntos importantes y participará, cuando sea posible, en reuniones en línea.
«La decisión de tomarme la baja por maternidad no fue difícil porque nunca consideré que el parto y el cargo público fueran incompatibles», explicó la propia alcaldesa en una entrevista con el diario Japan Times.
«Simplemente sentí que era algo que debía aceptarse como normal». Añadió además que el embarazo y el parto suponen una carga física evidente y que negarse a descansar enviaría un mensaje peligroso a otras mujeres. «También sentí que era importante no reforzar la idea de que las mujeres embarazadas no deben tomarse tiempo para descansar, incluso en un puesto de liderazgo de gran visibilidad».
Sus palabras, aparentemente de sentido común, han abierto una pequeña grieta en una cultura política donde la disponibilidad absoluta sigue considerándose una virtud esencial del liderazgo.
En Japón existe una larga tradición de sacrificio personal asociado al ejercicio del poder. Los dirigentes políticos presumen de jornadas interminables, agendas saturadas y una dedicación casi total al cargo. La idea de que una alcaldesa pueda ausentarse durante meses para cuidar de su salud y de su hijo ha sido recibida por algunos sectores conservadores como una renuncia temporal a sus responsabilidades.
Los comentarios críticos no tardaron en aparecer, tanto en redes como en los medios más conservadores. Algunos mensajes han cuestionado si una persona que ocupa un puesto obtenido mediante elección popular debería tener derecho a ausentarse. Otros han sugerido que una mujer que aspire a responsabilidades políticas tan altas debería posponer la maternidad.
Ese tipo de reacciones preocupa especialmente a las organizaciones feministas que llevan años denunciando la poca presencia femenina en la política japonesa a pesar de que una mujer, Sanae Takaichi, sea en estos momentos la primera ministra de la cuarta economía mundial.
Menos del 15% de los parlamentarios nacionales son mujeres y apenas un 18% de los cargos electos locales están ocupados por ellas. Entre los 1.741 municipios del país, menos del 5% tienen una mujer al frente. Japón continúa además ocupando posiciones muy atrasadas en los índices internacionales de igualdad de género, situándose muy por detrás de las grandes economías del G-7.
«Existe una presión muy arraigada según la cual, cuanto más alto es el puesto que ocupa una persona, menos derecho tiene a tomarse una baja por maternidad o paternidad», señalaba recientemente en un análisis Miho Konishi, investigadora de la Tokyo Foundation, uno de los principales think tanks del país. «Eso crea un círculo vicioso en el que quienes están en la cima no se ausentan y quienes están por debajo sienten que tampoco pueden hacerlo».
El diario Mainichi, uno de los más influyentes del país, ha respaldado esta semana a la alcaldesa en un editorial contundente. El problema, argumentaba el medio, no es que una dirigente política tenga un hijo, sino que las instituciones todavía no hayan desarrollado mecanismos normales para gestionar algo tan común como un embarazo. «Japón necesita crear un entorno en el que la gente pueda tomarse ese permiso de forma habitual», reclamaba el texto.
Quizá por eso el debate ha adquirido una dimensión que trasciende a una pequeña ciudad de la prefectura de Kioto. Lo que está en juego no son únicamente los cuatro meses de ausencia de una alcaldesa. Es la pregunta de si Japón está dispuesto a abandonar la vieja idea de que liderar significa sacrificar cualquier vida personal.
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