<p>Venezuela ya cuenta con la tan esperada Ley de Amnistía, que liberará en los próximos días a buena parte de los casi 700 prisioneros políticos que el chavismo mantiene de forma injusta entre rejas. Semejante noticia, que debería llenar de júbilo a una sociedad herida por dos décadas de constante abusos, ha provocado en cambio reacciones de todo tipo, pero ninguna de alegría nacional más allá de las declaraciones de quienes la apoyan. </p>
Bautizada como la ley «chucuta» (deficiente) por Juan Pablo Guanipa, número 2 de la Plataforma Unitaria, y Andrés Velásquez, otro de los dirigentes de la oposición recién salido de la clandestinidad
Venezuela ya cuenta con la tan esperada Ley de Amnistía, que liberará en los próximos días a buena parte de los casi 700 prisioneros políticos que el chavismo mantiene de forma injusta entre rejas. Semejante noticia, que debería llenar de júbilo a una sociedad herida por dos décadas de constante abusos, ha provocado en cambio reacciones de todo tipo, pero ninguna de alegría nacional más allá de las declaraciones de quienes la apoyan.
La ley «chucuta» (deficiente e incompleta), la han bautizado desde Juan Pablo Guanipa, número 2 de la Plataforma Unitaria a quien se le retiró la tobillera electrónica que le habían impuesto en su arresto domiciliario, a Andrés Velásquez, otro de los dirigentes nacionales de la oposición democrática recién salido de la clandestinidad. Una amnistía llena de trampas, que amenaza con mantener en prisión a los 185 militares presos y a quienes han participado en supuestas operaciones violentas.
«Ellos quieren ganar tiempo para mantenerse en el poder», certificó Guanipa tras recuperar la libertad.
El Foro Penal calcula que los perjudicados pueden ser hasta 400, que además entrarían en otro proceso arbitrario en el que se vería caso a caso, siempre en interés de la revolución. Por si fuera poco, quienes sean liberados en las próximas dos semanas deben acudir antes a los tribunales de la represión para que sean los mismos que les encarcelaron injustamente quienes les abran la puerta de sus mazmorras. Como si los verdugos fueran ahora unos santos.
«Esta ley fue un terrorismo, un fraude porque sólo incluye a una minoría. Ellos mismos se cobran y se dan el vuelto. Ellos mismos tienen sus mismos jueces y sus mismos abogados. Seguimos en lo mismo, con las mismas leyes para cerrarnos la boca. Exigimos un decreto presidencial para que todos los presos políticos sean liberados», reclamó ayer con vehemencia Francis Quiñones en nombre de las familias de los 120 militares presos en condiciones inhumanas en el Fuerte Guaicaipuro.
Los entresijos de la aprobación de la histórica Ley de Amnistía dicen mucho de cuál es la situación real de una Venezuela gobernada por el chavismo reciclado, pero teledirigido desde Washington y dispuesto a mantenerse en el poder al precio que sea. Horas antes de la aprobación unánime, exigencia de EEUU, al igual que la celeridad, aterrizó en Caracas el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EEUU. Y lo hizo para dar órdenes, que para eso es militar.
Quienes también recibieron órdenes fueron la veintena de diputados ultramoderados, colaboracionistas o a sueldo del chavismo que integran los grupos de oposición, que dieron su visto bueno pese a sus trabas y trampas. Así lo reclamaba el guion. Incluso se llevaron una buena regañina en el Parlamento.
Una ley que parece más un campo de minas, también para los exiliados, quienes para regresar a Venezuela deberán «ponerse a derecho» en los tribunales a través de abogados o representantes. Una jugada que busca retrasar al máximo la presencia de María Corina Machado, Leopoldo López y Julio Borges en Caracas. A buena parte de los principales dirigentes exiliados les acusan de «promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial», tal y como dice la amnistía.
En cambio, los hermanos Rodríguez, la presidenta encargada Delcy y Jorge, jefe del órgano legislativo chavista que ha aprobado la ley, nacido tras unas elecciones fraudulentas, han recibido a las autoridades estadounidenses con todo tipo de alabanzas. Hasta joropo en directo le pusieron al secretario de Energía en el Palacio de Miraflores. La sospecha de que pactaron con Washington incluso antes del ataque del 3 de enero no ha desaparecido todavía de entre las bases revolucionarias.
La amnistía venezolana también rompe con una tradición en este tipo de iniciativas: no es un punto y aparte; como mucho, un punto seguido. El aparato represivo y judicial que encarceló de forma injusta a los más de mil presos que estaban en prisiones políticas antes de la captura de Maduro no sólo sigue vigente, es que no ha dejado de amenazar.
La penúltima víctima es Magalli Meda, mano derecha de Machado, quien ha denunciado que el hogar familiar fue asaltado horas después de la aprobación de la ley en la Asamblea Nacional. Dieciséis hombres armados «llegaron otra vez a nuestra casa en Caracas para destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana. Estuvieron horas adentro para robarse todo y dejar en la puerta carteles que dicen «Asegurado» e «Incautado». El mensaje real está claro: aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretenden administrar la «ley» y el «perdón», disparó la dirigente opositora.
Los mandos de la represión y también sus subalternos han robado tantas propiedades en estos años que algunos de ellos han levantado pequeños imperios económicos con sus beneficios. Hasta para comprar un equipo de fútbol y pasearlo en la Copa Libertadores, como el famoso coronel Alexander Granko, de la contrainteligencia militar.
Internacional
