Los golpes de Estado derrocan gobiernos, pero si fracasan pueden consolidar el poder de un mandatario. Así fue hace una década para Recep Tayyip Erdogan, que enfrentó sus horas más decisivas frente al alzamiento dirigido por un antiguo aliado. La noche del 15 de julio de 2016, unos tanques cerraron el emblemático puente del Bósforo, en Estambul, que une Europa y Asia. La inusual maniobra militar se producía en medio de graves tensiones por continuos atentados terroristas del Estado Islámico, pero pronto se desveló que se trataba del quinto golpe de Estado que sufriría el país en su historia moderna.
El Gobierno sigue sin permitir la mayoría de protestas y las huelgas están prohibidas en una atmósfera que grupos de derechos humanos han calificado de «estado de emergencia permanente»
Los golpes de Estado derrocan gobiernos, pero si fracasan pueden consolidar el poder de un mandatario. Así fue hace una década para Recep Tayyip Erdogan, que enfrentó sus horas más decisivas frente al alzamiento dirigido por un antiguo aliado. La noche del 15 de julio de 2016, unos tanques cerraron el emblemático puente del Bósforo, en Estambul, que une Europa y Asia. La inusual maniobra militar se producía en medio de graves tensiones por continuos atentados terroristas del Estado Islámico, pero pronto se desveló que se trataba del quinto golpe de Estado que sufriría el país en su historia moderna.
Un grupo de militares irrumpió en las oficinas de la televisión pública, mientras aviones de combate bombardearon el Parlamento en Ankara. «Invito a toda la población a salir a las calles», declaró Erdogan en una videollamada con una periodista de CNN Türk, animando a la ciudadanía a defender al Gobierno del intento de golpe. La resistencia civil movilizada por el presidente sofocó la intentona golpista junto a las fuerzas de seguridad -gran parte del ejército no se unió al alzamiento-, en una noche de enfrentamientos que dejó 252 muertos y miles de heridos, la mayoría en Estambul.
El Gobierno turco aseguró desde el primer momento que el artífice de la asonada castrense se encontraba en Pensilvania. Allí residía autoexiliado desde los años 90 el imán Fethullah Gülen, líder de una cofradía islamista que había extendido su influencia por decenas de países a través de centros culturales y ayudas escolares en barrios humildes. En Turquía tenía muy buenos contactos en el aparato judicial, con una red de funcionarios infiltrados en las fuerzas de seguridad, en la judicatura y en ministerios, hasta el punto de que los medios de comunicación habían bautizado como «Estado paralelo».
Esta estructura había ayudado a impulsar al partido gobernante, el AKP, pero hacía años que esta fraternidad política estaba más que rota. El distanciamiento se evidenció en 2013, cuando la Fiscalía lanzó una operación anticorrupción contra el círculo más cercano de Erdogan, en una investigación en la que quedó salpicado uno de sus hijos. El presidente acusó al «Estado paralelo» de estar detrás de la persecución judicial, por lo que designó a la cofradía como una organización terrorista e inició una purga en las instituciones.
El intento de golpe actuó como acelerador de la purga iniciada por el Gobierno meses antes. Se declaró el estado de emergencia y se inició una persecución contra los seguidores del movimiento Gülen, que rápidamente se amplió a otros sectores de la oposición que no tenían ningún tipo de relación con la cofradía islamista. Datos de grupos de derechos humanos apuntan que, a día de hoy, más de 700.000 personas han sido investigadas, 390.000 detenidas y 113.800 encarceladas.
Durante el estado de emergencia, que se alargó hasta mediados de 2018, se publicaban listas continuamente en el boletín oficial del Estado, que condenaron a la «muerte social» a miles de funcionarios supuestamente vinculados al gülenismo, pero también a activistas de izquierda y sindicalistas. Estos decretos de emergencia expulsaban a los trabajadores del sector público de forma permanente, les denegaban el acceso a la seguridad social y les marcaban con el estigma de ser sospechosos de «terrorismo».
Decenas de funcionarios continúan librando una batalla legal para poder recuperar sus puestos de trabajo, entre ellos muchos académicos que se pronunciaron en público contra el Gobierno. Más de 200 medios de comunicación fueron clausurados, gran parte de ellos canales de televisión, revistas y periódicos kurdos. Esta situación legal facilitó la destitución de 150 alcaldes prokurdos por supuestos vínculos con la guerrilla del PKK, que fueron sustituidos por fideicomisarios afiliados al partido gobernante, el AKP.
Bajo el régimen de excepción, el Gobierno impulsó un referéndum para dejar atrás el sistema parlamentario y adoptar uno presidencialista, en el que el jefe de Estado concentra más poderes. La propuesta, criticada por grupos de derechos humanos y expertos en derecho constitucional por la carencia de contrapesos institucionales, fue aprobada con el 51% de los votos en medio de acusaciones de la oposición de «manipulación electoral».
El estado de emergencia se levantó oficialmente dos años después del golpe, pero muchas de las medidas de excepción se volvieron permanentes. El Gobierno sigue sin permitir la mayoría de las protestas y las huelgas están prohibidas en una atmósfera que grupos de derechos humanos han bautizado como «estado de emergencia permanente».
«Durante las protestas graban a los manifestantes y luego analizan los vídeos. Usan unidades especiales de la Policía, un gran despliegue de fuerza y los jueces dictan prisión preventiva a pesar de que no hay evidencias de que los detenidos vayan a huir», explica a este periódico Dilan Ates, representante de la Asociación de Abogados Progresistas (CHD). «Todas estas acciones se enmarcan en un intento de intimidar y desalentar a la oposición en su conjunto, porque no tiene ningún tipo de explicación legal», advierte.
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