La localidad palestina de Qusra se ha convertido en un examen no sólo para la capacidad de Israel de frenar la violencia de los colonos más radicales en Cisjordania sino también para medir la paciencia de Estados Unidos hacia el Gobierno israelí sobre un asunto con potencial explosivo.
Tras el desmantelamiento de varios enclaves y una carpa que sitiaba una casa palestina, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dice que ordenó al ejército preparar un plan para traspasar las competencias del orden de la ley a la Policía en Cisjordania
La localidad palestina de Qusra se ha convertido en un examen no solo para la capacidad de Israel de frenar la violencia de los colonos más radicales en Cisjordania sino también para medir la paciencia de Estados Unidos hacia el Gobierno israelí sobre un asunto con potencial explosivo.
Después de que el ejército y la Policía Fronteriza israelíes desmantelaran dos enclaves levantados ilegalmente cerca de las aldeas palestinas Qusra y Jalud, cerca de Nablus, y la carpa que jóvenes extremistas colocaron en el patio de una casa en la primera sitiando de esta forma a una familia, Estados Unidos mostró su enfado por lo sucedido. Su embajador en Israel, Mike Huckabee, conocido también por su apoyo político, religioso e ideológico a los asentamientos judíos en la Ribera Occidental, definió a los radicales israelíes que cercaron a una familia palestina como «terroristas».
Ante las críticas, Huckabee asegura que su país intervino para apremiar a las autoridades a actuar contra los extremistas en Qusra. «Las acciones de quienes perpetraron este horrible acto terrorista para intimidar y hostigar a esta familia son repugnantes. No hay justificación para semejante conducta de matones», denunció Huckabee el jueves por la mañana para ya por la noche destacar la condena del liderazgo de los asentamientos judíos en la zona: «Colonos no son el problema en Judea/Samaria. Los descolonos sí lo son. Se trata de una minoría muy pequeña que causa un gran daño a las familias palestinas y a Israel».
La protesta de la Administración Trump, más notoria en este caso ya que una de las casas afectadas en Qusra pertenece a un palestino con nacionalidad estadounidense, fue trasladada al primer ministro Benjamín Netanyahu, al que instaron a una condena pública y a ser contundente ante los extremistas.
Tras condenar las acciones de radicales en la zona de Qusra varios días después de su inicio, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este viernes que ordenó al ejército que prepare un plan para traspasar todas las competencias de las fuerzas del orden sobre civiles israelíes a la Policía.
«El papel de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) es combatir el terrorismo palestino y centrarse en proteger las fronteras y las comunidades de las amenazas. Toda la responsabilidad de hacer cumplir la ley en asuntos civiles y mantener el orden público se transferirá a la Policía», ha comunicado.
«La Policía se preparará y establecerá una fuerza adecuada para ocuparse y gestionar los asuntos civiles, y se le otorgarán todas las competencias y los presupuestos necesarios», ha añadido Katz que también recordó la decisión del Gobierno de establecer 104 nuevos asentamientos lo que aumentará los desafíos en seguridad.
Se trata de un intento de desvincularse de cualquier trato o competencia sobre los jóvenes que en los últimos años crean pequeños enclaves ilegales en colinas y protagonizan acosos y ataques a civiles palestinos. Todo ello mientras en la cúpula militar se lamenta que no tienen fuerzas suficientes en el terreno para garantizar el orden teniendo en cuenta su despliegue en otras zonas, la escasez de soldados tras casi tres años de guerra y el aumento de los ataques violentos de israelíes que buscan controlar más tierras y expulsar a palestinos.
Como muchas de las declaraciones de Katz desde que está en el cargo, no está claro que se cumplan en la realidad y sean solo un reclamo político. Más allá de que hoy en día el cuerpo policial israelí no tiene la capacidad de aplicar la ley en toda Cisjordania, el cumplimiento del plan supondría un avance hacia la anexión de facto. Algo que requiere una decisión del Gobierno y una ley en la Knesset, hoy disuelta a la espera de las elecciones en octubre. Desde que Israel ocupó Cisjordania en la guerra del 67 y dado que desde entonces no ha alcanzado un acuerdo definitivo con los palestinos al respecto pero tampoco ha anunciado la anexión, el ejército es el encargado de la ley. El Gobierno apoya la anexión oficial del territorio donde viven más de 500.000 israelíes (básicamente en la zona C), pero no puede llevarla a cabo entre otros motivos debido al veto de EE.UU.
Según los acuerdos de Oslo firmados a mediados de los 90, Cisjordania se dividió en Zona A (control civil y seguridad de la Autoridad Palestina), Zona B (control civil palestino y seguridad israelí) y Zona C (bajo control civil y de seguridad de Israel).
La tensión en Qusra se disparó el pasado domingo cuando varios radicales instalaron una tienda de campaña en el patio de una casa bloqueando así el acceso a un total de tres viviendas. Asimismo, los palestinos denunciaron que cortaron el suministro de electricidad y agua. El ejército tardó en reaccionar hasta que el miércoles llevaron a cabo el desmantelamiento de la carpa, realizaron un arresto y prometieron protección a los palestinos. En pocas horas, algunos volvieron al lugar aunque ya sin la carpa. «Hubo enfrentamientos entre colonos y policias pero al final los colonos siguen haciendo lio», denunció el miércoles Yosef Hassan desde una de las casas afectadas.
«Es aterrador. Frustración, miedo por la vida de mi familia», dijo a Reuters Loui Ridi, palestino que vive en Ohia y cuya familia es propietaria de una de las casas bajo asedio en la última semana.
Este viernes, un centenar de activistas israelíes de derechos humanos acudieron a Qusra-declarada «zona militar cerrada» para evitar la entrada y salida de no residentes- para apoyar y llevar alimentos a los palestinos que viven en dichas casas.
«Lo que ocurrió en Qusra no es un fallo puntual. Es el resultado de una política (del Gobierno) que permite que el terrorismo de colonos se extienda», denuncia la ONG israelí Paz Ahora. El diputado derechista Avihai Boaron (Likud), por su parte, dijo a la radio pública israelí que no conoce los detalles de lo sucedido en Qusra al tiempo que aclaró que «todo debe hacerse por ley» y denunció que «desde Qusra han salido numerosos atentados y amenazas contra israelíes».
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