Israel se aproxima a una crisis constitucional sin precedentes. La declaración del Gobierno de que no acatará una sentencia reciente del Tribunal Supremo (TS), por primera vez en la historia del país, ha tensado la situación a nivel social, jurídico y político a solo tres meses de las elecciones.
El Ejecutivo anuncia que no cumplirá una sentencia del Alto Tribunal relacionada con el consejo regulador de la radiotelevisión privada
Israel se aproxima a una crisis constitucional sin precedentes. La declaración del Gobierno de que no acatará una sentencia reciente del Tribunal Supremo (TS), por primera vez en la historia del país, ha tensado la situación a nivel social, jurídico y político a solo tres meses de las elecciones.
Ante la ola de críticas y avisos como el del presidente israelí, Isaac Herzog («la desobediencia a una sentencia judicial es una línea roja que no se debe cruzar bajo ninguna circunstancia»), el secretario de Gobierno, Yossi Fuchs, ha aclarado que en la declaración del ministro de Comunicaciones aprobada por el Gobierno «no hay una sola palabra que llame a la desobediencia a la sentencia de la Corte Suprema, sino una crítica contundente a una sentencia que contradice el lenguaje explícito de la ley».
La polémica gira en torno a la sentencia del TS del pasado 17 de junio, permitiendo el funcionamiento del actual consejo de la comisión reguladora de la radiodifusión comercial (la llamada Segunda Autoridad). La máxima instancia judicial congeló la decisión del Gobierno que había nombrado nuevos miembros aceptando de esta forma las apelaciones de cinco medios y organizaciones sobre irregularidades en el proceso y presiones políticas del ministro de Comunicación, Shlomo Karhi en la composición (tanto en las dimisiones como nombramientos) del nuevo consejo.
«No tienen autoridad para pisotear la ley. Un fallo que contradiga la ley no será reconocido y las decisiones tomadas bajo ella serán nulas y sin efecto», ha anunciado el Gobierno este domingo, aprobando por unanimidad el rechazo a la citada sentencia del TS. A propuesta de Karhi y del ministro de Justicia, Yariv Levin, el gabinete ha señalado que no reconocerá ninguna medida o nombramiento de la comisión de la Segunda Autoridad mientras no cumpla el requisito legal de tener un quórum de dos terceras partes de sus miembros para su funcionamiento. Entre las decisiones que debe tomar el consejo, se encuentran aspectos vinculados a la venta del Canal 13 a un grupo de empresarios de High Tech o ingresos en el Canal 14, afín con el primer ministro Benjamín Netanyahu.
«El TS no está por encima de los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, sino que es igual que ellos. Es la esencia de la democracia», justifica Levin, conocido sobre todo por ser el gran promotor de la iniciativa legislativa lanzada en enero del 2023 para modificar el tipo de relaciones con el estamento judicial con énfasis en su debilitamiento. La reforma (así llamada por sus partidarios) o revuelta (según sus detractores) judicial provocó las protestas más multitudinarias en las calles de Israel. Su macropropuesta fue frenada sobre todo a raíz del ataque yihadista el 7 de octubre del 2023 en el sur del país que desencadenó la ofensiva en la Franja de Gaza y una larga guerra en la región. Pero en los últimos meses y de cara al fin de la legislatura, los intentos para promover partes de la iniciativa han sido reanudados.
La polémica declaración sobre la sentencia de la máxima instancia judicial, que no tiene influencia práctica en los medios, eleva la campaña de confrontación del Gobierno ante el estamento judicial representado por el presidente del TS, Isaac Amit y la asesora legal del Gobierno, Gali Baharav-Miara. Ambos bajo una campaña de acoso y crítica de la coalición que los consideran «políticos y partidistas».
La reunión del Gobierno de este domingo no contó con la presencia del primer ministro que, en teoría, debe abstenerse de cualquier intervención directa en asuntos relacionados con la Justicia y Comunicaciones debido a su juicio por corrupción iniciado en 2020.
Fuentes del Gobierno intentan desdramatizar el anuncio-definido en la portada del diario Yedioth Ahronoth este lunes como «terremoto»-al señalar que «no tiene significado práctico. Es como la decisión de Levin de no reconocer a Isaac Amit como presidente del TS cuando en la práctica permitió a la comisión de jueces reunirse y elegirle. Levin y Karhi solo querían un titular».
«Netanyahu siempre ha acatado las sentencias del Supremo», ha afirmado el ministro de Cultura, Miki Zohar, que añade: «No creamos una crisis constitucional sino que pedimos prevenirla. Hay que acatar las decisiones de la Corte Suprema pero nosotros decimos que estamos al borde de una crisis constitucional».
«El Gobierno de Israel está levantando la mano contra la democracia israelí. Netanyahu está dividiendo a Israel. Los ciudadanos merecen un Gobierno que una al pueblo, no un Gobierno que actúe para dividirlo», ha denunciado el centrista Gadi Eisenkot que en las últimas semanas emerge como el principal rival de Netanyahu en los próximos comicios.
Otro rival, el ex primer ministro conservador Naftali Bennett ha escrito en X: «La desobediencia a una sentencia judicial lleva a la anarquía en las calles y a la desintegración de nuestro país. Pronto lo arreglaremos todo. Habrá una sola ley para todos».
Pero el adversario más efectivo de Netanyahu es, una vez más, la hemeroteca con declaraciones suyas ante las cámaras presumiendo de frenar los intentos de debilitar el Supremo y erosionar el equilibrio de los tres poderes. De ser uno de los grandes defensores del TS, Netanyahu ha pasado a permitir y alentar la campaña para rebajar su poder. Ya sea por motivos personales (venganza e intento de deslegitimar el estamento judicial por su imputación y juicio) o políticos (al frente de una coalición que desde su formación a finales del 2022 promueve un cambio significativo del poder del TS y con ministros que piden la desobediencia de algunas sentencias del TS que frenan las decisiones gubernamentales).
El Supremo israelí es un ente con más poder de intervención que en otros países. Por otro lado, Israel no cuenta con una constitución por lo que su papel es crucial en el sensible equilibrio de contrapesos.
El Gobierno intenta aprobar varias leyes antes de la disolución de la Knésset a finales de la próxima semana. Muchas de ellas son controversiales como por ejemplo respecto a la figura del asesor legal del gobierno y fiscal general (dividir el cargo en dos o al menos debilitar la asesoría jurídica), la exención militar de decenas de miles de jóvenes ultraortodoxos, la suspensión de los arrestos de los jóvenes que no se presentan a los centros de reclutamiento tras recibir la orden (en alusión a los ultraortodoxos) la creación de una comisión política de investigación del fracaso del ataque del 7-0 en lugar de una estatal (entre otros motivos porque sus miembros son nombrados por el presidente del TS). Otra ley polémica, promovida hoy por Karhi con muchas dificultades en la Knésset, se refiere al sector de comunicaciones y, entre otros efectos, supondría beneficios para el Canal 14.
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