Entre todas las decisiones, medidas e iniciativas que han definido el segundo mandato de Donald Trump, desde la política comercial hasta la inmigración, pasando por los despidos de miles de funcionarios, los conflictos con universidades o las denuncias a los medios de comunicación hay una que siempre ha ocupado un lugar especial en su discurso y su corazón: el gran salón de baile de la Casa Blanca.
Tras la demolición del Ala Este, los jueces dicen que las obras subterráneas del búnker pueden seguir, pero que el Congreso debe aprobar los cambios de superficie
Entre todas las decisiones, medidas e iniciativas que han definido el segundo mandato de Donald Trump, desde la política comercial hasta la inmigración, pasando por los despidos de miles de funcionarios, los conflictos con universidades o las denuncias a los medios de comunicación hay una que siempre ha ocupado un lugar especial en su discurso y su corazón: el gran salón de baile de la Casa Blanca. Desde que presentó el proyecto, una obra faraónica de cientos de millones de dólares de coste y un brutal simbolismo visual, Trump ha hablado de la sala para eventos con un entusiasmo poco habitual incluso para él. No era simplemente una mejora, una ampliación del complejo presidencial, con espacio para recepciones y las últimas medidas de seguridad, sino una obsesión. En comparecencias improvisadas, entrevistas, actos de campaña e incluso reuniones con líderes extranjeros, terminaba encontrando la manera de volver al mismo tema: el tamaño, la altura de los techos, los mármoles, la capacidad para miles de invitados o el aspecto que tendría una vez terminada.
Es, sin duda, su proyecto estrella, parte del legado físico con el que quiere pasar a la posteridad, junto a su nombre en aeropuertos, edificios o billetes o un arco del triunfo. Y por eso, la posición de los tribunales, que una vez más le han recordado que es un presidente, no un rey, y que debe consultar y recibir permiso del legislativo para sus acciones (como los aranceles o las guerras), tiene un peso enorme.
Este viernes, en una decisión de 2 a 1, el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC ratificó el fallo emitido en abril por otro magistrado federal, que establecía que la mayor parte de la construcción del salón de baile debía detenerse hasta que el Congreso autorizara expresamente el proyecto. Al menos todo lo que está en superficie. «El presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva», escribieron los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia, nombrados por Obama y Biden, en su opinión mayoritaria. La jueza Neomi Rao, nombrada por Trump, emitió un voto disidente.
La decisión, eso sí, incluye una suspensión durante 14 días para permitir que la Casa Blanca recurra ante el Tribunal Supremo, la última instanca. Y matiza que la administración sigue teniendo permiso para seguir con los trabajos subterráneos, así como con los elementos que afecten a la seguridad nacional, como la reforma total del búnker presidencial.
El proyecto impulsado por Trump va mucho más allá de lo que será más visible y es más polémico, el salón de baile de 8.000 metros cuadrados y un coste estimado de 400 millones de dólares, que en teoría se ha financiado con donaciones privadas de amigos y empresas. La demolición del Ala Este de la Casa Blanca forma parte de una reconstrucción integral que incluye nuevas oficinas para la primera dama, espacios de apoyo e instalaciones médicas, mejoras de seguridad y, sobre todo, la sustitución del histórico búnker presidencial (el Presidential Emergency Operations Center) por un complejo subterráneo militar mucho más amplio y moderno. Pero mientras la Casa Blanca sostiene que el salón se financiaría con donaciones privadas, las obras de seguridad y el nuevo complejo subterráneo requerirían financiación pública, con propuestas en el Congreso que ascienden hasta 1.000 millones de dólares para las instalaciones de seguridad asociadas al proyecto.
Y el Tribunal afirma que el Congreso debería haber tenido y debe tener voz. Algo importante porque ahora mismo los Republicanos tienen el control de ambas cámaras, pero es probable que en noviembre pierden, como poco, una de ellas. «La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo», afirma hoy el tribunal. «Esta decisión no tiene nada que ver con si el salón de baile propuesto es conveniente o no desde el punto de vista político. Este fallo ni siquiera implica necesariamente que los demandados no puedan construirlo (…) Lo que sí significa es que los demandados no pueden hacerlo sin obtener la autorización del Congreso, tal como lo exigen la Constitución y las leyes».
El caso arrancó por una denuncia del National Trust for Historic Preservation, que impugnó el proyecto en diciembre, una semana después de que la Casa Blanca terminara de demoler por sorpresa el Ala Este para construir un salón de baile con capacidad para 999 personas, según dijo el presidente Trump. Los abogados del gobierno argumentaron que la mayor modificación estructural de la Casa Blanca en 70 años incluía medidas de seguridad cruciales para protegerse contra diversas amenazas, como drones, misiles balísticos y riesgos biológicos. Y cuando hubo un intento de atentado contra Trump en un hotel de Washington en la cena de corresponsales de la Casa Blanca insistieron en la necesidad de contar con esas instalaciones. «Estas mejoras, modificaciones y reformas son esenciales para proteger al presidente, su familia y su personal, así como a la propia Casa Blanca, y todo el proyecto se deriva de ellas», argumentaron ante el panel.
Pero la respuesta de los abogados del grupo de preservación fue que la ausencia de un salón de baile en la Casa Blanca no constituye una emergencia de seguridad nacional. Y el panel parece estar de acuerdo. En primavera Trump ya había arremetido contra el primer magistrado, que fue nombrado por George W. Bush, calificándolo de «juez que odia a Trump» y que «se ha esforzado por socavar la seguridad nacional y asegurarse de que este gran regalo para Estados Unidos se retrase o no se construya».
Los abogados de la Casa Blanca sostuvieron ya en junio ante el panel que los tribunales federales no deberían tener la facultad de detener la construcción del salón de baile y que Trump tenía autoridad para realizar modificaciones en los terrenos de la Casa Blanca. Pero ahora todo queda, una vez más, en manos del Supremo. Un tribunal de mayoría republicano pero al que Trump tiene enfilado, después de algunas derrotas dolorosas, como la de los aranceles y los derechos de ciudadanía de los nacidos en el país de padres extranjeros, con o sin papeles.
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