El representante Ángel Morey Noble presentó hoy -jueves- una medida para crear la “Ley de Verificación Legislativa de Contratos Gubernamentales de Gran Cuantía de Puerto Rico”.
El Proyecto de la Cámara 1470 (PC -1470) establecería un mecanismo de revisión legislativa para todo contrato o acuerdo mediante el cual una entidad gubernamental comprometa $500 millones o más de fondos públicos con una entidad privada.
“El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber dónde y a quién se está destinando el dinero. Esta medida busca que la Legislatura pueda realizar una evaluación exhaustiva de los contratos de mayor impacto fiscal y verificar que las empresas que reciben fondos públicos no solo cumplan con la documentación requerida, sino que estén realmente capacitadas, tengan los recursos y puedan responder a las obligaciones que asumen. Bajo ese contexto, la ausencia de un mecanismo actualmente de verificación a cargo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, quienes fungen como representante directo del pueblo, deja sin resguardo institucional al propio pueblo cuyos recursos se comprometen. Esta Asamblea Legislativa entiende que ha llegado el momento de cerrar ese vacío mediante legislación permanente y responsable ”, expresó Morey Noble.
La medida exige que estos contratos sean sometidos a la Asamblea Legislativa antes de su firma o vigencia, como mecanismo de fiscalización del uso de fondos públicos. La verificación se realizará luego de la negociación, sin renegociar sus términos, mediante una Comisión Especial Conjunta. Además, establece los plazos, procedimientos y certificaciones requeridas, un trámite abreviado para emergencias declaradas, la aprobación tácita por silencio administrativo, las consecuencias de nulidad y otros fines relacionados.
“No podemos esperar a que ocurra otra situación para entonces preguntar qué pasó. La transparencia y la fiscalización tienen que ocurrir antes, no después. Esto no es un trámite administrativo adicional; es un mecanismo de cumplimiento y responsabilidad con las finanzas públicas”, añadió.
Explicó que el origen inmediato de la medida está relacionado con el contrato otorgado en 2026 entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el consorcio Power Expectations LLC, por aproximadamente $5,900 millones, para el suministro de 400 megavatios de generación eléctrica temporera en la Central Aguirre durante un término de diez años.
Según expuso el representante, el acuerdo —uno de los contratos de mayor cuantía suscritos por una corporación pública en Puerto Rico— fue evaluado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP). El contrato posteriormente quedó sin efecto en medio de cuestionamientos relacionados con la autoridad corporativa de una de las personas que suscribió documentos vinculados al acuerdo, cambios en contratistas y subcontratistas, garantías financieras de cumplimiento y finalmente referidos al Departamento de Justicia (DJ).
“Más allá de que una agencia nos entregue un documento, eso solo constituye una notificación; no una fiscalización legislativa. Lo mismo ocurre con la Junta de Supervisión Fiscal. Su revisión está dirigida a evaluar la consistencia fiscal del contrato con el Plan Fiscal Certificado. No sustituye una evaluación sobre quién tiene autoridad real para obligar a una empresa, si las garantías de cumplimiento representadas como vigentes lo estaban en realidad, si hubo gestiones o cabildeo no divulgados o si el proceso de contratación cumplió con todas las disposiciones legales aplicables”, sostuvo el legislador.
El proyecto aclara que la Asamblea Legislativa no asumiría la función de aprobar o adjudicar contratos, sino que actuaría como un ente de verificación y fiscalización. Como parte del proceso, una Comisión Especial Conjunta de Verificación evaluaría los contratos y rendiría un informe luego de que cada agencia o entidad concluya la negociación de un contrato o acuerdo cubierto y contrato relacionado, y antes de su firma final u otorgamiento, la entidad gubernamental correspondiente deberá someter el texto final e íntegro del contrato negociado con sus anejos, documentos incorporados por referencia, junto con el expediente completo correspondiente dentro de un término que no debe exceder 30 días.
Esa comisión estaría integrada por ocho miembros: el Presidente del Senado, o el legislador que este designe, quien fungirá como copresidente o copresidenta; el Presidente de la Cámara de Representantes, o el legislador que este designe, quien fungirá como copresidente o copresidenta; el Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado; el Presidente de la Comisión de Gobierno del Senado; un senador adicional designado por el liderato de las delegaciones de minoría del Senado, de existir alguna; el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes; el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes; y un representante adicional designado por el liderato de las delegaciones de minoría de la Cámara de Representantes, de existir alguna.
“Cuando se comprometen cientos o miles de millones de dólares del dinero público, la transparencia no puede ser opcional. La Legislatura tiene una responsabilidad de velar por que esos recursos se utilicen correctamente. Esta propuesta busca precisamente cerrar esa brecha de fiscalización y darle al pueblo mayor visibilidad sobre los contratos que pueden comprometer sus recursos por décadas”, indicó Morey Noble.
El representante Ángel Morey Noble presentó hoy -jueves- una medida para crear la “Ley de Verificación Legislativa de Contratos Gubernamentales de Gran Cuantía de Puerto Rico”. El Proyecto de la Cámara 1470 (PC -1470) establecería un mecanismo de revisión legislativa para todo contrato o acuerdo mediante el cual una entidad gubernamental comprometa $500 millones o
El representante Ángel Morey Noble presentó hoy -jueves- una medida para crear la “Ley de Verificación Legislativa de Contratos Gubernamentales de Gran Cuantía de Puerto Rico”.
El Proyecto de la Cámara 1470 (PC -1470) establecería un mecanismo de revisión legislativa para todo contrato o acuerdo mediante el cual una entidad gubernamental comprometa $500 millones o más de fondos públicos con una entidad privada.
“El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber dónde y a quién se está destinando el dinero. Esta medida busca que la Legislatura pueda realizar una evaluación exhaustiva de los contratos de mayor impacto fiscal y verificar que las empresas que reciben fondos públicos no solo cumplan con la documentación requerida, sino que estén realmente capacitadas, tengan los recursos y puedan responder a las obligaciones que asumen. Bajo ese contexto, la ausencia de un mecanismo actualmente de verificación a cargo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, quienes fungen como representante directo del pueblo, deja sin resguardo institucional al propio pueblo cuyos recursos se comprometen. Esta Asamblea Legislativa entiende que ha llegado el momento de cerrar ese vacío mediante legislación permanente y responsable ”, expresó Morey Noble.
La medida exige que estos contratos sean sometidos a la Asamblea Legislativa antes de su firma o vigencia, como mecanismo de fiscalización del uso de fondos públicos. La verificación se realizará luego de la negociación, sin renegociar sus términos, mediante una Comisión Especial Conjunta. Además, establece los plazos, procedimientos y certificaciones requeridas, un trámite abreviado para emergencias declaradas, la aprobación tácita por silencio administrativo, las consecuencias de nulidad y otros fines relacionados.
“No podemos esperar a que ocurra otra situación para entonces preguntar qué pasó. La transparencia y la fiscalización tienen que ocurrir antes, no después. Esto no es un trámite administrativo adicional; es un mecanismo de cumplimiento y responsabilidad con las finanzas públicas”, añadió.
Explicó que el origen inmediato de la medida está relacionado con el contrato otorgado en 2026 entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el consorcio Power Expectations LLC, por aproximadamente $5,900 millones, para el suministro de 400 megavatios de generación eléctrica temporera en la Central Aguirre durante un término de diez años.
Según expuso el representante, el acuerdo —uno de los contratos de mayor cuantía suscritos por una corporación pública en Puerto Rico— fue evaluado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP). El contrato posteriormente quedó sin efecto en medio de cuestionamientos relacionados con la autoridad corporativa de una de las personas que suscribió documentos vinculados al acuerdo, cambios en contratistas y subcontratistas, garantías financieras de cumplimiento y finalmente referidos al Departamento de Justicia (DJ).
“Más allá de que una agencia nos entregue un documento, eso solo constituye una notificación; no una fiscalización legislativa. Lo mismo ocurre con la Junta de Supervisión Fiscal. Su revisión está dirigida a evaluar la consistencia fiscal del contrato con el Plan Fiscal Certificado. No sustituye una evaluación sobre quién tiene autoridad real para obligar a una empresa, si las garantías de cumplimiento representadas como vigentes lo estaban en realidad, si hubo gestiones o cabildeo no divulgados o si el proceso de contratación cumplió con todas las disposiciones legales aplicables”, sostuvo el legislador.
El proyecto aclara que la Asamblea Legislativa no asumiría la función de aprobar o adjudicar contratos, sino que actuaría como un ente de verificación y fiscalización. Como parte del proceso, una Comisión Especial Conjunta de Verificación evaluaría los contratos y rendiría un informe luego de que cada agencia o entidad concluya la negociación de un contrato o acuerdo cubierto y contrato relacionado, y antes de su firma final u otorgamiento, la entidad gubernamental correspondiente deberá someter el texto final e íntegro del contrato negociado con sus anejos, documentos incorporados por referencia, junto con el expediente completo correspondiente dentro de un término que no debe exceder 30 días.
Esa comisión estaría integrada por ocho miembros: el Presidente del Senado, o el legislador que este designe, quien fungirá como copresidente o copresidenta; el Presidente de la Cámara de Representantes, o el legislador que este designe, quien fungirá como copresidente o copresidenta; el Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado; el Presidente de la Comisión de Gobierno del Senado; un senador adicional designado por el liderato de las delegaciones de minoría del Senado, de existir alguna; el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes; el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes; y un representante adicional designado por el liderato de las delegaciones de minoría de la Cámara de Representantes, de existir alguna.
“Cuando se comprometen cientos o miles de millones de dólares del dinero público, la transparencia no puede ser opcional. La Legislatura tiene una responsabilidad de velar por que esos recursos se utilicen correctamente. Esta propuesta busca precisamente cerrar esa brecha de fiscalización y darle al pueblo mayor visibilidad sobre los contratos que pueden comprometer sus recursos por décadas”, indicó Morey Noble.
Gobierno – ES NOTICIA PR
