El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte el martes, con lo que se convirtió en el primer país del mundo árabe en sustituir esa condena por la cadena perpetua con trabajos forzados agravados.
El Parlamento libanés aprueba sustituir la pena capital por la cadena perpetua con trabajos forzados, marcando un precedente histórico en Oriente Próximo
El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte el martes, con lo que se convirtió en el primer país del mundo árabe en sustituir esa condena por la cadena perpetua con trabajos forzados agravados.
El diminuto país mediterráneo mantiene una moratoria no oficial de las ejecuciones desde enero de 2004. Sin embargo, desde entonces se han dictado decenas de condenas a muerte, que posteriormente fueron suspendidas o conmutadas.
Una mayoría del Parlamento libanés, compuesto por 128 miembros, votó a favor de poner fin a la pena de muerte, con la excepción del bloque parlamentario de Hezbolá.
El ministro de Justicia, Adel Nassar, que se encontraba en la Cámara, lo calificó como «un paso histórico» para la nación.
Organizaciones de derechos humanos que habían pedido formalizar la moratoria o eliminar por completo la pena máxima también celebraron la votación.
Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano en Human Rights Watch, afirmó que el país «está marcando una ruptura definitiva con una condena cruel que nunca debería imponerse». «La pena capital es única por su crueldad y su carácter definitivo, y está plagada de arbitrariedad, prejuicios y errores», añadió.
Aún no está claro cómo se aplicará el trabajo forzado agravado, ya que varios legisladores señalaron que los términos de la nueva sanción no están completamente definidos. Aunque Líbano contempla los trabajos forzados en su legislación y en decisiones judiciales, esta medida rara vez se ha aplicado en los últimos años debido a la falta de recursos y la saturación penitenciaria.
La abolición de la pena de muerte se produce mientras el Parlamento debate una controvertida ley de amnistía general, la mayor desde el fin de la guerra civil en 1990, que podría reducir condenas o liberar a milicianos y narcotraficantes.
Familiares de soldados y miembros de las fuerzas de seguridad muertos en ataques islamistas han protestado repetidamente contra esta medida, señalando que esperaban ver ejecutados a los responsables en lugar de verlos cumplir penas de prisión.
Hezbolá no ha emitido comentarios sobre la votación. Tampoco lo han hecho las diversas instituciones religiosas del país, en cuyos sistemas judiciales propios la pena de muerte se mantiene legal.
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