La Junta de Planificación (JP) realizará un estudio para cuantificar el impacto económico de la sequía que afecta actualmente a la isla, con el propósito de documentar las pérdidas y respaldar futuras iniciativas de asistencia, recuperación e incentivos para los sectores afectados.
Como parte del estudio, el Programa de Planificación Económica y Social de la JP comenzará esta semana el envío de cuestionarios a agencias gubernamentales, municipios y otras entidades del sector público, además de empresas y organizaciones privadas.
La información recopilada permitirá identificar y cuantificar pérdidas económicas, ingresos dejados de generar, costos adicionales, interrupciones operacionales, daños, efectos sobre el empleo, gastos de mitigación y asistencia recibida.
El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, destacó que contar con información directa y verificable permitirá establecer con mayor precisión el alcance de la emergencia y ofrecer al Gobierno una base objetiva para evaluar medidas de apoyo.
“El objetivo del estudio es contar con datos directos y verificables que nos permitan determinar con la mayor precisión posible el alcance real de la sequía sobre nuestra economía”, expresó Morales Martínez.
Según el funcionario, los resultados serán utilizados para apoyar la evaluación de iniciativas de asistencia, reclamaciones, incentivos y otras medidas dirigidas a mitigar los daños económicos y facilitar la recuperación de los sectores afectados.
La iniciativa forma parte de las acciones gubernamentales relacionadas con la emergencia declarada mediante la Orden Ejecutiva OE-2026-035, firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón.
JP pide participación de sectores afectados
La Junta de Planificación exhortó a las entidades que reciban los cuestionarios a completar y devolver la información solicitada, al considerar que su participación será fundamental para obtener un panorama representativo de las consecuencias económicas de la sequía.
Los datos permitirán conocer cómo las interrupciones en el suministro de agua y las condiciones de sequía han afectado las operaciones, los ingresos, los gastos y el empleo en los diferentes sectores económicos.
Además, la información será utilizada para desarrollar estimaciones sobre el impacto general de la sequía de 2026 y contribuir a la planificación y formulación de política pública.
Experiencias anteriores reflejan impacto económico
La JP cuenta con estudios previos sobre los efectos económicos de las sequías registradas en Puerto Rico. Los eventos de 1994-1995 y 2014-2015 evidenciaron que el impacto de estos fenómenos puede extenderse más allá de las pérdidas directas en la producción y afectar múltiples sectores.
Durante la sequía de 1994-1995, la agricultura sufrió pérdidas estimadas en $93.9 millones durante el año fiscal 1994 y otros $100 millones durante el primer trimestre del año fiscal 1995.
La Junta también estimó que el Producto Bruto, a precios corrientes, se redujo en $65.7 millones, equivalente a 0.25 %, durante el año fiscal 1993-1994, y en $140 millones, o 0.50 %, durante 1994-1995.
En términos reales, las reducciones estimadas fueron de $13.1 millones y $35.4 millones, respectivamente.
Por otro lado, la sequía de 2014-2015 produjo un impacto más distribuido entre diferentes sectores económicos. La evaluación inicial de la JP estimó daños por $23 millones, cifra que se ajustó a $22.7 millones al considerar los ingresos recibidos por los agricultores.
De ese total, unos $13.8 millones correspondieron a la agricultura, $3.9 millones a manufactura, $2.8 millones al sector de servicios y $2.5 millones al Gobierno.
En el sector manufacturero también se identificaron $3.4 millones en gastos adicionales y cerca de $500,000 en ingresos que dejaron de generarse.
La experiencia de ese periodo evidenció, además, interrupciones en operaciones y servicios públicos, lo que demuestra que el costo de una sequía no se limita a la pérdida de producción, sino que también incluye gastos extraordinarios, reducción de ingresos y dificultades para mantener la continuidad operacional.
“Las experiencias anteriores nos ofrecen un punto de referencia importante, pero cada evento presenta condiciones distintas. Por eso necesitamos conocer directamente cómo esta sequía está afectando las operaciones, los sectores productivos y el empleo”, sostuvo Morales Martínez.
El funcionario reiteró el llamado a las entidades que reciban los cuestionarios para que participen en el proceso, al señalar que los datos recopilados permitirán cuantificar los daños, identificar necesidades y respaldar las gestiones gubernamentales relacionadas con la emergencia.
Los resultados del estudio servirán como herramienta para la toma de decisiones sobre asistencia y recuperación, reclamaciones, incentivos y otras medidas de mitigación, además de aportar información para mejorar la planificación gubernamental ante futuros periodos de sequía.
La Junta de Planificación (JP) realizará un estudio para cuantificar el impacto económico de la sequía que afecta actualmente a la isla, con el propósito de documentar las pérdidas y respaldar futuras iniciativas de asistencia, recuperación e incentivos para los sectores afectados. Como parte del estudio, el Programa de Planificación Económica y Social de la
La Junta de Planificación (JP) realizará un estudio para cuantificar el impacto económico de la sequía que afecta actualmente a la isla, con el propósito de documentar las pérdidas y respaldar futuras iniciativas de asistencia, recuperación e incentivos para los sectores afectados.
Como parte del estudio, el Programa de Planificación Económica y Social de la JP comenzará esta semana el envío de cuestionarios a agencias gubernamentales, municipios y otras entidades del sector público, además de empresas y organizaciones privadas.
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La información recopilada permitirá identificar y cuantificar pérdidas económicas, ingresos dejados de generar, costos adicionales, interrupciones operacionales, daños, efectos sobre el empleo, gastos de mitigación y asistencia recibida.
El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, destacó que contar con información directa y verificable permitirá establecer con mayor precisión el alcance de la emergencia y ofrecer al Gobierno una base objetiva para evaluar medidas de apoyo.
“El objetivo del estudio es contar con datos directos y verificables que nos permitan determinar con la mayor precisión posible el alcance real de la sequía sobre nuestra economía”, expresó Morales Martínez.
Según el funcionario, los resultados serán utilizados para apoyar la evaluación de iniciativas de asistencia, reclamaciones, incentivos y otras medidas dirigidas a mitigar los daños económicos y facilitar la recuperación de los sectores afectados.
La iniciativa forma parte de las acciones gubernamentales relacionadas con la emergencia declarada mediante la Orden Ejecutiva OE-2026-035, firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón.
JP pide participación de sectores afectados
La Junta de Planificación exhortó a las entidades que reciban los cuestionarios a completar y devolver la información solicitada, al considerar que su participación será fundamental para obtener un panorama representativo de las consecuencias económicas de la sequía.
Los datos permitirán conocer cómo las interrupciones en el suministro de agua y las condiciones de sequía han afectado las operaciones, los ingresos, los gastos y el empleo en los diferentes sectores económicos.
Además, la información será utilizada para desarrollar estimaciones sobre el impacto general de la sequía de 2026 y contribuir a la planificación y formulación de política pública.
Experiencias anteriores reflejan impacto económico
La JP cuenta con estudios previos sobre los efectos económicos de las sequías registradas en Puerto Rico. Los eventos de 1994-1995 y 2014-2015 evidenciaron que el impacto de estos fenómenos puede extenderse más allá de las pérdidas directas en la producción y afectar múltiples sectores.
Durante la sequía de 1994-1995, la agricultura sufrió pérdidas estimadas en $93.9 millones durante el año fiscal 1994 y otros $100 millones durante el primer trimestre del año fiscal 1995.
La Junta también estimó que el Producto Bruto, a precios corrientes, se redujo en $65.7 millones, equivalente a 0.25 %, durante el año fiscal 1993-1994, y en $140 millones, o 0.50 %, durante 1994-1995.
En términos reales, las reducciones estimadas fueron de $13.1 millones y $35.4 millones, respectivamente.
Por otro lado, la sequía de 2014-2015 produjo un impacto más distribuido entre diferentes sectores económicos. La evaluación inicial de la JP estimó daños por $23 millones, cifra que se ajustó a $22.7 millones al considerar los ingresos recibidos por los agricultores.
De ese total, unos $13.8 millones correspondieron a la agricultura, $3.9 millones a manufactura, $2.8 millones al sector de servicios y $2.5 millones al Gobierno.
En el sector manufacturero también se identificaron $3.4 millones en gastos adicionales y cerca de $500,000 en ingresos que dejaron de generarse.
La experiencia de ese periodo evidenció, además, interrupciones en operaciones y servicios públicos, lo que demuestra que el costo de una sequía no se limita a la pérdida de producción, sino que también incluye gastos extraordinarios, reducción de ingresos y dificultades para mantener la continuidad operacional.
“Las experiencias anteriores nos ofrecen un punto de referencia importante, pero cada evento presenta condiciones distintas. Por eso necesitamos conocer directamente cómo esta sequía está afectando las operaciones, los sectores productivos y el empleo”, sostuvo Morales Martínez.
El funcionario reiteró el llamado a las entidades que reciban los cuestionarios para que participen en el proceso, al señalar que los datos recopilados permitirán cuantificar los daños, identificar necesidades y respaldar las gestiones gubernamentales relacionadas con la emergencia.
Los resultados del estudio servirán como herramienta para la toma de decisiones sobre asistencia y recuperación, reclamaciones, incentivos y otras medidas de mitigación, además de aportar información para mejorar la planificación gubernamental ante futuros periodos de sequía.
Gobierno – ES NOTICIA PR
